22/11/2012
La Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas (CEPYME) en
Aragón ha asegurado que las tasas judiciales perjudican "gravemente"
a las pymes de la Comunidad autónoma.
El Gobierno central ha decidido aumentar la recaudación en
el ámbito de la Administración de Justicia y, por ello, "no sólo ha
incrementado los importes fijos a abonar en los distintos órdenes, sino que
también ha ampliado el elenco de sujetos pasivos, incluyendo a las personas
físicas, que hasta ahora estaban exentas del pago de la tasa", ha
informado CEPYME-Aragón.
La Confederación ha apostillado que la medida
"perjudica gravemente a las pymes, ya que en la mayoría de los procesos
judiciales son las que tienen que demandar a una gran empresa con mayores
recursos, quien no tendrá ningún problema en alargar procesos judiciales, con
el consiguiente perjuicio económico".
Asimismo, "se darán muchos casos en los que la
reclamación de cantidad sea inferior a la tasa judicial, con lo que la pyme
esta abocada a perderla, ya que no le compensará interponer la demanda
judicial".
"El acceso a la justicia, como derecho de los de máxima
protección de nuestro texto constitucional recogido en la Sección Primera de su
Título Primero, no puede estar sometido a criterios de rentabilidad o resultado
económico", ha aseverado CEPYME-Aragón.
En este punto, ha afirmado que el "afán
recaudatorio" de la Administración "tiene límites, y este es uno de
ellos". La situación del empresariado en una crisis de "insolvencia
generalizada" y que conlleva un "lógico incremento" de la
litigiosidad en busca de la satisfacción de sus legítimos derechos, "no
puede convertirse en una nueva oportunidad de negocio para las arcas
públicas".
"No puede añadirse un coste más al daño ya generado y a
la cada vez más frecuente imposibilidad de lograr la ejecución de fallos
judiciales favorables por la insolvencia del deudor vencido cuando, al tiempo,
no se concretan formas alternativas no jurisdiccionales para lograr la
satisfacción de derechos de contenido económico o no se mejora el tratamiento
fiscal o contable de estas situaciones de morosidad o impago", ha
mencionado CEPYME-Aragón.
Derecho "cercenado"
La Confederación ha considerado que "todo esto va a ser
especialmente grave en el caso de los pequeños empresarios y de los autónomos,
que con esta Ley van a ver cercenado el derecho a acudir a la Justicia en
reclamación de sus derechos y, muy especialmente, se van a ver en la
imposibilidad material de poder demandar la tutela judicial frente a los
frecuentes abusos de la Administración exenta de pagar las abusivas tasas
judiciales que ahora se han impuesto".
Todo ello, es muestra de "la falta de seguridad
jurídica material que afecta en nuestro país a cualquier actividad de inversión
o de emprendimiento".
CEPYME-Aragón ha señalado que se "solidariza" con
"la casi unánime opinión de profesionales de la justicia y ciudadanos en
general" y advierte que "esto es un nuevo obstáculo al mantenimiento
de la actividad productiva en nuestro país, y a la superación de la crisis que
el Gobierno de España dice perseguir".
