03/01/2012
Los sindicatos lamentan la lentitud de la negociación, pero Economía prevé firmar el acuerdo en un mes. El nuevo documento incidirá en la formación, el empleo juvenil, los emprendedores y la innovación.
También es tiempo de cambio para el diálogo social de Aragón. El acuerdo tripartito que desde 1989 vienen firmando el Gobierno de Aragón, los sindicatos UGT y CCOO y las organizaciones empresariales CREA y Cepyme, conocido en los últimos tiempos como AESPA, encara un nuevo ciclo marcado por el relevo político producido en las instituciones y por un entorno económico de excepcional crudeza. La negociación para alcanzar uno nuevo pacto se ha iniciado hace unos meses, ya que la vigencia del último documento expiró el 31 de diciembre. El diálogo, sin embargo, avanza con excesiva lentitud en opinión de los sindicatos, que temen un retraso si no se acelera el ritmo de trabajo. En cambio, en el Pignatelli se prevé que haya quorum en enero o, a más tardar, en febrero. Todos coinciden en que el reto esta vez es hacer útil el pacto para paliar los efectos de la furibunda crisis, dentro del limitado margen de maniobra que permiten las competencias de la comunidad y con las restricciones de las cuentas públicas como mayor hándicap.
Hasta ahora se han alcanzado ocho pactos socioeconómicos en la comunidad, los tres últimos bajo la denominación de AESPA (Acuerdo Económico y Social para el Progreso de Aragón), nombre que se da por hecho que cambiará en esta ocasión. Otra de las certezas es que su contenido será también menos extenso y más concreto que en los anteriores.
EL VALOR DE LA PAZ SOCIAL Las conversaciones para consensuar el documento se encuentran en una fase preliminar, todavía sin propuestas firmes sobre la mesa, aunque el Gobierno confía en acelerar el proceso a partir de Reyes. "En un mes creo que estaremos en condiciones de firmarlo casi con toda seguridad", aseguró hace unos días el consejero de Economía, Francisco Bono.
El último AESPA se rubricó con nueve meses de retraso, en septiembre del 2008, pero con el optimismo de la Expo todavía en el ambiente. Ahora las circunstancias son muy distintas y las partes creen que, ante el actual escenario de adversidades, urge alcanzar un acuerdo lo antes posible. "No va a resolver los grandes problemas, pero permite impulsar medidas eficaces para aliviar determinadas situaciones", apunta el secretario general de UGT Aragón, Julián Lóriz. "No caben medidas espectaculares pero sí algunas que resuelven necesidades reales", reitera su homólogo en CCOO, Julián Buey. "El acuerdo no resolverá la crisis, pero al menos permite que los daños colaterales no sean mayores", opina Aurelio López de Hita, presidente regional de la patronal Cepyme, mientras que Bono destaca el valor de la paz social que emana del acuerdo, ya que esta "favorece en cualquier circunstancia la marcha de la economía, todavía más en momentos de crisis". "Aragón es una de las comunidades con menos conflictividad social, es algo que hay que preservar", añade.
Los agentes implicados creen que el próximo acuerdo tendrá un enfoque distinto a los anteriores, siempre suscritos en momentos económicos más favorables. El Ejecutivo autonómico quiere que el nuevo documento incida en aquellas cuestiones "que han dado resultado", como los programas de formación, empleo o innovación, además de actuar sobre colectivos con riesgo de exclusión o sobre los jóvenes en paro.
Desde el flanco sindical, Lóriz considera que el nuevo pacto es "una oportunidad para asegurar algunos instrumentos de cohesión social" y señala también como prioridades la reorientación de las políticas activas de empleo y el cambio de modelo productivo. Buey lamenta que a estas alturas no esté definida la estructura del nuevo acuerdo. "Existe un interés sincero de consenso, pero la negociación va demasiado lenta", apunta. "Estamos instalados en un ciclo negativo, urge dar respuesta a incertidumbres y problemas concretos e incentivar dentro de los márgenes posibles la economía regional". Todo ello sin descuidar, dice, el capítulo de políticas sociales o de empleo.
Los empresarios apuestan por que el futuro pacto sirva para "crear empleo y no subsidiar el paro, salvo en casos fragantes de marginación", señala Jesús Morte, presidente de CREA. Esta organización quiere poner el acento en la mejora de la formación de los trabajadores, la eliminación de los "obstáculos" que frenan la iniciativa privada, el apoyo a los emprendedores, la innovación y el impulsar del comercio exterior. Su organización también es partidaria de establecer algún tipo de incentivo para la contratación de jóvenes. Por su parte, Aurelio López de Hita, de Cepyme, reclama "planteamientos más concretos y realistas para poderlos cumplir".
También es tiempo de cambio para el diálogo social de Aragón. El acuerdo tripartito que desde 1989 vienen firmando el Gobierno de Aragón, los sindicatos UGT y CCOO y las organizaciones empresariales CREA y Cepyme, conocido en los últimos tiempos como AESPA, encara un nuevo ciclo marcado por el relevo político producido en las instituciones y por un entorno económico de excepcional crudeza. La negociación para alcanzar uno nuevo pacto se ha iniciado hace unos meses, ya que la vigencia del último documento expiró el 31 de diciembre. El diálogo, sin embargo, avanza con excesiva lentitud en opinión de los sindicatos, que temen un retraso si no se acelera el ritmo de trabajo. En cambio, en el Pignatelli se prevé que haya quorum en enero o, a más tardar, en febrero. Todos coinciden en que el reto esta vez es hacer útil el pacto para paliar los efectos de la furibunda crisis, dentro del limitado margen de maniobra que permiten las competencias de la comunidad y con las restricciones de las cuentas públicas como mayor hándicap.
Hasta ahora se han alcanzado ocho pactos socioeconómicos en la comunidad, los tres últimos bajo la denominación de AESPA (Acuerdo Económico y Social para el Progreso de Aragón), nombre que se da por hecho que cambiará en esta ocasión. Otra de las certezas es que su contenido será también menos extenso y más concreto que en los anteriores.
EL VALOR DE LA PAZ SOCIAL Las conversaciones para consensuar el documento se encuentran en una fase preliminar, todavía sin propuestas firmes sobre la mesa, aunque el Gobierno confía en acelerar el proceso a partir de Reyes. "En un mes creo que estaremos en condiciones de firmarlo casi con toda seguridad", aseguró hace unos días el consejero de Economía, Francisco Bono.
El último AESPA se rubricó con nueve meses de retraso, en septiembre del 2008, pero con el optimismo de la Expo todavía en el ambiente. Ahora las circunstancias son muy distintas y las partes creen que, ante el actual escenario de adversidades, urge alcanzar un acuerdo lo antes posible. "No va a resolver los grandes problemas, pero permite impulsar medidas eficaces para aliviar determinadas situaciones", apunta el secretario general de UGT Aragón, Julián Lóriz. "No caben medidas espectaculares pero sí algunas que resuelven necesidades reales", reitera su homólogo en CCOO, Julián Buey. "El acuerdo no resolverá la crisis, pero al menos permite que los daños colaterales no sean mayores", opina Aurelio López de Hita, presidente regional de la patronal Cepyme, mientras que Bono destaca el valor de la paz social que emana del acuerdo, ya que esta "favorece en cualquier circunstancia la marcha de la economía, todavía más en momentos de crisis". "Aragón es una de las comunidades con menos conflictividad social, es algo que hay que preservar", añade.
Los agentes implicados creen que el próximo acuerdo tendrá un enfoque distinto a los anteriores, siempre suscritos en momentos económicos más favorables. El Ejecutivo autonómico quiere que el nuevo documento incida en aquellas cuestiones "que han dado resultado", como los programas de formación, empleo o innovación, además de actuar sobre colectivos con riesgo de exclusión o sobre los jóvenes en paro.
Desde el flanco sindical, Lóriz considera que el nuevo pacto es "una oportunidad para asegurar algunos instrumentos de cohesión social" y señala también como prioridades la reorientación de las políticas activas de empleo y el cambio de modelo productivo. Buey lamenta que a estas alturas no esté definida la estructura del nuevo acuerdo. "Existe un interés sincero de consenso, pero la negociación va demasiado lenta", apunta. "Estamos instalados en un ciclo negativo, urge dar respuesta a incertidumbres y problemas concretos e incentivar dentro de los márgenes posibles la economía regional". Todo ello sin descuidar, dice, el capítulo de políticas sociales o de empleo.
Los empresarios apuestan por que el futuro pacto sirva para "crear empleo y no subsidiar el paro, salvo en casos fragantes de marginación", señala Jesús Morte, presidente de CREA. Esta organización quiere poner el acento en la mejora de la formación de los trabajadores, la eliminación de los "obstáculos" que frenan la iniciativa privada, el apoyo a los emprendedores, la innovación y el impulsar del comercio exterior. Su organización también es partidaria de establecer algún tipo de incentivo para la contratación de jóvenes. Por su parte, Aurelio López de Hita, de Cepyme, reclama "planteamientos más concretos y realistas para poderlos cumplir".
