5/10/2012
Han considerado "muy negativo" el trato recibido
por Aragón en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013.
La Confederación de Empresarios de Aragón (CREA),
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) en
Aragón, y las organizaciones provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel, CEZ,
CEOS- CEPYME Huesca y CEOE Teruel, han mostrado su oposición
al "drástico recorte" de inversiones en la Comunidad aragonesa
recogido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y echan de
menos más equilibrio en los ajustes.
Así, las organizaciones han considerado "muy negativo" el trato
recibido por Aragón en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado
para 2013, que esperan pueda mejorarse en su tramitación parlamentaria.
"Aún entendiendo que el ajuste global es necesario, así como la
prioridad del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y los objetivos de
déficit comprometidos; consideran que los Presupuestos deberían ser más
equilibrados en los recortes tanto entre territorios como entre partidas y
reparto de cargas para obtener ingresos", han indicado.
En este sentido, los organizaciones han apuntado, en una nota de prensa, que
echan de menos medidas que contrarresten el impacto negativo de algunas
partidas sobre la actividad empresarial.
Respecto a la Comunidad autónoma, las organizaciones empresariales han
rechazado "enérgicamente" que el recorte de las partidas destinadas a
Aragón alcance el 30,24 por ciento frente a la media nacional del 16,10 por
ciento.
Cinco años de recortes
"El agravio resulta todavía mayor teniendo en cuenta
que Aragón acumula ya cinco años consecutivos de recortes de la
inversión estatal, cosa que no ocurre en otras comunidades autónomas; y que ha
demostrado su compromiso y esfuerzos para cumplir los objetivos de déficit
(0,68 por ciento a mitad de año con el objetivo de finalizar cumpliendo el 1,5
por ciento)".
Los empresarios han subrayado que vuelven a dejarse sin asignación, o con
partidas meramente testimoniales e improductivas, infraestructuras reclamadas
históricamente por Aragón y comprometidas hace ya tiempo por la
Administración central, como es el caso de las obras hidráulicas de Yesa y
Biscarrués, y de las conexiones viarias y ferroviarias entre el Cantábrico y el
Mediterráneo y hacia Europa.
Han destacado, igualmente, que se trata de infraestructuras cuya no ejecución
limita las posibilidades de recuperación y desarrollo de sectores económicos
fundamentales para Aragón como logística y transporte, turismo y agroindustria;
además de ser contraproducente para la vertebración territorial tanto de Aragón
como del cuadrante noreste español y en la conexión con Europa.
Por otra parte, las organizaciones empresariales han considerado que el
proyecto de presupuestos sigue aumentando la carga fiscal sobre las empresas, y
también los particulares --impuesto de Sociedades, eliminación de la deducción
por vivienda, tratamiento de plusvalías-- mientras que la austeridad del gasto
se concentra en partidas ligadas a la actividad productiva, sin cambios esenciales
en la gestión de los servicios públicos.
Subidas impositivas
Las subidas impositivas de los últimos años deben tener
carácter temporal ante la urgente necesidad de cerrar el déficit público y,
así, la financiación de nuestra economía, han indicado los empresarios.
Han lamentado el "incumplimiento" de la reducción de un punto en
las cotizaciones sociales para 2013, que había sido anunciado por el
Presidente del Gobierno en el Parlamento y comunicado a Bruselas en la
Estrategia Fiscal 2013-2014.
Este elemento "era importante para ganar competitividad y reducir los
costes del factor trabajo que, por el contrario, se han visto incrementados por
la eliminación de bonificaciones en las cotizaciones sociales", han
argumentado.
Tampoco se ha avanzado aún, han criticado, en la duplicidad de competencias
entre los distintos niveles de las Administraciones Públicas y en medidas
de gestión de los servicios públicos que refuercen su eficiencia.
No obstante, las organizaciones empresariales han expresado su confianza en que
algunas de las 43 leyes y medidas anunciadas junto con el proyecto de PGE 2013
contribuyan a mejorar la competitividad de la economía española y un entorno
adecuado para la actividad empresarial, tanto para nuevas iniciativas como para
las consolidadas y que llevan años contribuyendo a la economía y el empleo.