lunes, 30 de marzo de 2009

Los empresarios denuncian que las instituciones tardan hasta 200 días en pagar a sus proveedores

Heraldo de Aragón
30/03/2009

El Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA incumplen en muchos casos el plazo máximo de dos meses. El Consistorio promete abonar en un mes las obras del fondo estatal de inversión local.

Es un pago seguro, pero tiene su ritmo. Esta es la coincidencia de muchos empresarios a la hora de valorar la velocidad con la que las administraciones públicas abonan obras, suministros y servicios a sus proveedores. Las organizaciones empresariales han detectado retrasos de hasta 200 días en el pago a proveedores, en concreto en el Departamento de Salud de la DGA. Pero no es un caso aislado. La burocracia de las administraciones públicas es acusada como principal responsable de esta situación, que la crisis ha agravado.

Aurelio López de Hita, presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) en Aragón, subraya que "la situación es complicada porque muchas administraciones públicas tienen una fuerte demora en sus pagos a proveedores y contratistas".

César García, secretario de Organización de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), afirma que "cualquier trabajo que encargue una administración se puede ir a seis meses, asumiendo la financiación y pagando los impuestos". "Hay que tener un colchón muy importante para hacer una obra o un servicio", dice.

Según López de Hita, el retraso de la administración a la hora de pagar a sus proveedores "es un mal endémico con tendencia a empeorar". "No hay derecho a que la burocracia entorpezca la necesaria agilidad. Una empresa puede desaparecer en dos meses por un retraso en el cobro", lamenta el dirigente empresarial.

Más de 180.000 facturas

Ante las quejas de los empresarios y autónomos, las administraciones públicas hacen un balance más optimista. Por ejemplo, la DGA. Según fuentes del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno autonómico, el Ejecutivo pagó en 2008 182.365 facturas. El tiempo que pasó desde la emisión de la factura (no de la notificación) hasta la fecha de pago arroja una media de 57 días.

Siempre según fuentes oficiales, en el 25% de los casos, el Ejecutivo saldó sus deudas en un plazo inferior a 21 días, y en el 50% de las ocasiones, en un periodo por debajo de los 38 días. En el 25% restante, las facturas se abonaron en un plazo superior al máximo de 60 días (si se tarda más, se pueden reclamar intereses de demora), aunque siempre por debajo de los 78 días.

En el Ayuntamiento de Zaragoza hay 2.975 proveedores, según datos oficiales de 2008, de los que unos 1.600 cobrarían importes superiores a los 3.000 euros. Alrededor de 175 facturan al Ayuntamiento más de un millón de euros, fundamentalmente grandes empresas, bancos, sociedades municipales, tesorería de la Seguridad Social... Según fuentes municipales, el periodo medio de pago a proveedores es de 78,62 días, tal y como figura en la liquidación del presupuesto municipal.

Pese a que el plazo está por encima del máximo de 60 días, supone una mejora respecto a 2007, cuando se alcanzó una media de 109,62 días, es decir, más de tres meses. Las citadas fuentes explican que anualmente no se pagan cantidades excesivas en intereses de demora.

Un coche para agilizar trámites

Pero el Ayuntamiento de Zaragoza tiene un objetivo especialmente ambicioso para este año 2009: pagar en el plazo de 30 días las obras del Fondo Estatal de Inversión Local, tal y como establece la normativa establecida por el Gobierno central. Es más, el Área de Economía ha designado a una persona para que se desplace en coche por los distintos servicios y agilice el movimiento de facturas para acelerar los pagos.

Para Aurelio López de Hita, esta cláusula del fondo estatal "es un logro", porque además establece que el pago a las subcontratistas de las citadas obras también tendrá que ser en 30 días. En este sentido, el presidente de Cepyme recuerda que con las subcontratas la situación es todavía peor.

jueves, 26 de marzo de 2009

Un nuevo decreto incentivará la contratación de los parados más desfavorecidos

Heraldo de Aragón
25/03/2009

El Gobierno de Aragón ultima, junto con empresarios y sindicatos, un nuevo decreto para fomentar la contratación de personas paradas con especial dificultad para encontrar trabajo, como los menores de 30 años y los mayores de 45, así como la conversión de contratados temporales en indefinidos.

Este decreto "para la promoción de la contratación estable y de calidad" podría estar listo en un mes, ha avanzado el consejero aragonés de Economía, Alberto Larraz, quien ha presidido una reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Económico y Social para el Progreso de Aragón 2008-2011, en la que han participado los máximos responsables de los agentes sociales de la Comunidad.

La norma favorecerá especialmente a los menores de 30 años y los mayores de 45, las mujeres, las personas con discapacidad, y los colectivos con riesgo de exclusión, así como a los trabajadores afectados recientemente por la crisis y procedentes del sector de la construcción, de expedientes de regulación de empleo (ERE) o despidos por causas económicas.

La iniciativa tendrá un presupuesto inicial de 3,2 millones de euros para la concesión de los incentivos a las empresas, aunque será ampliable en función de la demanda, ha apuntado Larraz en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado de los responsables de los sindicatos UGT y CCOO en la Comunidad y las patronales CREA y CEPYME Aragón.

En la reunión de la Comisión de Seguimiento -la segunda desde la aprobación del AESPA 2008-2011 el pasado mes de septiembre- se ha decidido dar prioridad a determinadas medidas en materia de promoción económica e industrial, creación de empleo, vivienda y servicios sociales, que en algunos casos han recibido una dotación presupuestaria adicional.

En materia de empleo, el Gobierno de Aragón y los agentes sociales han decidido apostar por el Plan Extraordinario de Orientación, Formación Profesional e Inserción Laboral, con la participación de 47 tutores y una inversión de 3,8 millones de euros. También se impulsarán planes de empleo específicos para sectores económicos en crisis, como la construcción y el textil.

Para la mayor protección de los desempleados, Larraz ha avanzado que se está trabajando en la modificación del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), que este año ha aumentado su presupuesto un 6 por ciento, para flexibilizar el acceso a esta prestación.

Otra de las prioridades del AESPA es el nuevo Plan de Vivienda 2009-12, para facilitar el acceso a la propiedad, fomentar el alquiler e impulsar las obras de rehabilitación, un área con especial potencial de generación de empleo en el sector de la construcción.

En el área de Servicios Sociales, Larraz ha recordado la reciente firma de un convenio con el Ministerio de Educación y Asuntos Sociales para la concesión a Aragón de 15,2 millones de euros del fondo extraordinario de dependencia del Plan de Estímulo de la Economía y el Empleo (Plan E), que permitirá crear o adaptar más de 2.900 plazas de atención a los dependientes y generar más de mil puestos de trabajo en la Comunidad.

El consejero ha admitido que no está del todo satisfecho con la velocidad con que se están aplicando las medidas previstas en el AESPA, pero ha asegurado que ha comenzado a lograrse un "ritmo aceptable" y que antes del verano habrá un par de nuevas reuniones más de la Comisión de Seguimiento para revisar su implantación.

En similares términos se ha manifestado el secretario general de CC.OO. Aragón, Julián Buey, quien ha valorado la puesta en marcha de las medidas pero ha evitado hacer un "análisis autocomplaciente", por la necesidad de profundizar aún más en su aplicación.

El responsable de UGT Aragón, Julián Lóriz, ha asegurado que en los últimos tres meses se ha acelerado el ritmo de trabajo y que la Comunidad está aprovechando el margen de maniobra que tiene para paliar la crisis.

Desde las patronales, el presidente de la CREA, Jesús Morte, ha asegurado que se está "trabajando duro", a pesar de que el AESPA "no es la solución a la crisis, pero sí una herramienta complementaria necesaria" para "salir más fortalecidos", mientras que el máximo responsable de CEPYME Aragón, Aurelio López de Hita, ha reiterado su preocupación por la falta de financiación.

sábado, 21 de marzo de 2009

Las pymes critican el aumento de inspecciones

El Periódico de Aragón
21/03/2009

Los responsables de las asociaciones que integran la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa (CEPYME-Zaragoza) expresaron ayer su queja por la intensificación de las inspecciones fiscales por parte de Hacienda, sin que la Administración tenga en cuenta la "situación angustiosa" de muchas pymes.

domingo, 1 de marzo de 2009

Las empresas aragonesas tardan en cobrar hasta 90 días más que las firmas europeas

Heraldo de Aragón
01/03/2009

Cepyme Aragón advierte de que los pagos aplazados amenazan la supervivencia del 20% de las pymes.

No es un fenómeno exclusivo de la crisis. La costumbre española de aplazar los pagos se ha utilizado en los tiempos de bonanza económica, pero entonces el empresario acreedor acudía a la entidad financiera, pedía un crédito y cubría sus necesidades de liquidez mientras le llegaba el pago.

Ahora la situación se ha complicado. Las empresas y las administraciones públicas dilatan sus pagos a sus proveedores o subcontratistas más de seis meses y el acceso a la financiación se ha convertido en un tortuoso camino en el que se van quedando numerosas empresas "que por mor de la mora de los cobros pueden pasar de ser solvente y tener una situación saneada a ser insolventes y desaparecer", destaca el presidente de Cepyme-Aragón, Aurelio López de Hita.

Así, el aplazamiento de los pagos se está convirtiendo en un lastre para las pymes aragonesas que tienen que esperar una media de 90 días para cobrar. Y eso en el mejor de los casos. Los retrasos, especialmente en las empresas subcontratadas en el sector de la construcción y los proveedores de las grandes cadenas de distribución, superan, en la situación más extrema, entre los 180 y los 200 días. El presidente de la Asociación de Industrias de la Alimentación de Aragón (AIAA), José Antonio Briz, asegura que las empresas proveedoras de las grandes superficies no cobran antes de los 120 días, pero puede darse el caso de que los pagos no lleguen hasta pasados seis meses. Este periodo se acorta, y se acerca más a la normativa, en el caso de los perecederos que "por pura supervivencia" -explica Briz- las empresas cobran en 30 días.

Similar situación se da en las pequeñas y medianas empresas subcontratadas por la construcción. "No están cobrando en menos de 140 días", destaca el presidente de Cepyme. Un dato que también corrobora el máximo responsable de la Confederación de Empresarios de Aragón (CREA), Jesús Morte, que critica que la situación "es mucho más grave" cuando son las administraciones las que retrasan el pago.

Estos largos periodos "restan competitividad a la empresa aragonesa y española", señala Morte, que recuerda que, como recogen distintos estudios, la media de pago en Europa se sitúa en 59,2 días. Eso significa que las pymes de la comunidad -como las del resto del país- tardan en cobrar como mínimo hasta 90 días que las empresas europeas. Una cifra que se queda muy corta si la comparación se realiza con los países nórdicos, como Finlandia y Noruega, en los que las compañías saldan sus cuentas en 27 días.

"Las pymes están financiando a grandes empresas", asegura con contundencia López de Hita. Y justifica su argumento destacando que con los pagos aplazados la compañía deudora también saca un "importante rendimiento" al dinero que adeuda. Así lo considera también Briz, que compara a los proveedores de las grandes superficies con una financiera. "Somos como un banco. Ellos cobran en 'cash' -liquido-, cogen nuestros productos, no los pagan en 120 días y con ese dinero van sobreviviendo", critica Briz.

¿Quién denuncia?

Ambos reconocen que en España existe una ley que regula los plazos en los que debería realizarse el pago. E incluso se establece la posibilidad de que el acreedor exija intereses de demora. Pero la ley apenas tienen aplicación. "¿Quién va a denunciar a su cliente más importante?" pregunta Briz, que responde rápidamente con un "nadie", porque asegura que "si lo haces con toda garantía que cobrarás en efectivo y ese mismo día, pero dejarás de trabajar y eso no se lo pueden permitir muchas empresas", matiza.

Desde las organizaciones empresariales no solo llegan críticas. También lanzan propuestas para evitar, según los datos que maneja López de Hita, que el aplazamiento de los pagos termine con el 20% de las pymes aragonesas.

Las industrias de la alimentación apuestan por que la administración actúe de oficio con las grandes empresas. "Que hagan auditorías al azar, se pidan los balances y se sancione a aquellas grandes empresas que alargan en exceso los pagos", explica el presidente de esta organización. Desde Cepyme se reclama que la administración dé ejemplo "y pague lo antes posible" y exija a las empresas contratistas que en el plazo de 30 días demuestren que han pagado a sus subcontratas. "Si estas no cumplen, que se les niegue la posibilidad de seguir trabajando para la administración", insiste López de Hita.

CREA pide endurecer la ley antimorosidad. Y lanza dos propuestas. La primera, recuperar una 'vieja' fórmula: la toma de razón, una figura mercantil que facilita que el banco adelante la deuda de la administración a las pymes. La segunda es que las grandes empresas avalen a sus subcontratistas -y acreedores- para que estos accedan más fácilmente al crédito.