domingo, 1 de marzo de 2009

Las empresas aragonesas tardan en cobrar hasta 90 días más que las firmas europeas

Heraldo de Aragón
01/03/2009

Cepyme Aragón advierte de que los pagos aplazados amenazan la supervivencia del 20% de las pymes.

No es un fenómeno exclusivo de la crisis. La costumbre española de aplazar los pagos se ha utilizado en los tiempos de bonanza económica, pero entonces el empresario acreedor acudía a la entidad financiera, pedía un crédito y cubría sus necesidades de liquidez mientras le llegaba el pago.

Ahora la situación se ha complicado. Las empresas y las administraciones públicas dilatan sus pagos a sus proveedores o subcontratistas más de seis meses y el acceso a la financiación se ha convertido en un tortuoso camino en el que se van quedando numerosas empresas "que por mor de la mora de los cobros pueden pasar de ser solvente y tener una situación saneada a ser insolventes y desaparecer", destaca el presidente de Cepyme-Aragón, Aurelio López de Hita.

Así, el aplazamiento de los pagos se está convirtiendo en un lastre para las pymes aragonesas que tienen que esperar una media de 90 días para cobrar. Y eso en el mejor de los casos. Los retrasos, especialmente en las empresas subcontratadas en el sector de la construcción y los proveedores de las grandes cadenas de distribución, superan, en la situación más extrema, entre los 180 y los 200 días. El presidente de la Asociación de Industrias de la Alimentación de Aragón (AIAA), José Antonio Briz, asegura que las empresas proveedoras de las grandes superficies no cobran antes de los 120 días, pero puede darse el caso de que los pagos no lleguen hasta pasados seis meses. Este periodo se acorta, y se acerca más a la normativa, en el caso de los perecederos que "por pura supervivencia" -explica Briz- las empresas cobran en 30 días.

Similar situación se da en las pequeñas y medianas empresas subcontratadas por la construcción. "No están cobrando en menos de 140 días", destaca el presidente de Cepyme. Un dato que también corrobora el máximo responsable de la Confederación de Empresarios de Aragón (CREA), Jesús Morte, que critica que la situación "es mucho más grave" cuando son las administraciones las que retrasan el pago.

Estos largos periodos "restan competitividad a la empresa aragonesa y española", señala Morte, que recuerda que, como recogen distintos estudios, la media de pago en Europa se sitúa en 59,2 días. Eso significa que las pymes de la comunidad -como las del resto del país- tardan en cobrar como mínimo hasta 90 días que las empresas europeas. Una cifra que se queda muy corta si la comparación se realiza con los países nórdicos, como Finlandia y Noruega, en los que las compañías saldan sus cuentas en 27 días.

"Las pymes están financiando a grandes empresas", asegura con contundencia López de Hita. Y justifica su argumento destacando que con los pagos aplazados la compañía deudora también saca un "importante rendimiento" al dinero que adeuda. Así lo considera también Briz, que compara a los proveedores de las grandes superficies con una financiera. "Somos como un banco. Ellos cobran en 'cash' -liquido-, cogen nuestros productos, no los pagan en 120 días y con ese dinero van sobreviviendo", critica Briz.

¿Quién denuncia?

Ambos reconocen que en España existe una ley que regula los plazos en los que debería realizarse el pago. E incluso se establece la posibilidad de que el acreedor exija intereses de demora. Pero la ley apenas tienen aplicación. "¿Quién va a denunciar a su cliente más importante?" pregunta Briz, que responde rápidamente con un "nadie", porque asegura que "si lo haces con toda garantía que cobrarás en efectivo y ese mismo día, pero dejarás de trabajar y eso no se lo pueden permitir muchas empresas", matiza.

Desde las organizaciones empresariales no solo llegan críticas. También lanzan propuestas para evitar, según los datos que maneja López de Hita, que el aplazamiento de los pagos termine con el 20% de las pymes aragonesas.

Las industrias de la alimentación apuestan por que la administración actúe de oficio con las grandes empresas. "Que hagan auditorías al azar, se pidan los balances y se sancione a aquellas grandes empresas que alargan en exceso los pagos", explica el presidente de esta organización. Desde Cepyme se reclama que la administración dé ejemplo "y pague lo antes posible" y exija a las empresas contratistas que en el plazo de 30 días demuestren que han pagado a sus subcontratas. "Si estas no cumplen, que se les niegue la posibilidad de seguir trabajando para la administración", insiste López de Hita.

CREA pide endurecer la ley antimorosidad. Y lanza dos propuestas. La primera, recuperar una 'vieja' fórmula: la toma de razón, una figura mercantil que facilita que el banco adelante la deuda de la administración a las pymes. La segunda es que las grandes empresas avalen a sus subcontratistas -y acreedores- para que estos accedan más fácilmente al crédito.

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