22/11/2012
La pequeña y mediana empresa (pymes) y los profesionales
autónomos de la Comunidad aragonesa han expresado hoy su rechazo a la nueva ley
de tasas judiciales al considerar que su entrada en vigor tendrá efectos
negativos en el desarrollo de su actividad.
Así lo aseguran, en sendos comunicados, la Confederación de
la Pequeña y Mediana Empresa de Aragón (Cepyme) y la Asociación Profesional del
Trabajo Autónomo de la Comunidad (Uatae), para quienes la nueva disposición
protege a los morosos y va en contra de los intereses de un sector afectado por
impagos diarios.
En su escrito, Cepyme argumenta que las nuevas tasas
perjudican "gravemente" a la pequeña empresa en los procesos judiciales
de reclamación frente a las grandes, las cuales, a juicio de esta
confederación, "no tendrán ningún problema en alargar procesos judiciales,
con el consiguiente perjuicio económico".
Advierte la organización empresarial que en muchos casos la
cantidad a reclamar será inferior a la tasa judicial, lo que llevará a la pyme
afectada a perderla al no compensarle interponer una demanda de reclamación.
Cepyme destaca que en el actual contexto de crisis, la
administración, exenta de las nuevas tasas, es de forma frecuente deudora de
las pequeñas empresas, por lo que la aplicación de la medida puede convertirse
en una "oportunidad de negocio" para las arcas públicas a coste de
las pymes.
Considera esta confederación que las pymes no sólo van a ver
"cercenado" su derecho a acudir a la justicia para reclamar sus
derechos, sino que "se van a ver en la imposibilidad material de poder
demandar la tutela judicial frente a los frecuentes abusos de la
administración".
Los pequeños empresarios aragoneses argumentan que las
nuevas tasas son "un nuevo obstáculo al mantenimiento de la actividad
productiva en el país y a la superación de la crisis, que el Gobierno de España
dice perseguir".
En este mismo sentido se pronuncia la Asociación Profesional
del Trabajo Autónomo de Aragón, para cuyos responsables "hasta ayer cobrar
era un derecho fundamental, hoy es un impuesto más".
Destaca esta organización que el mayor deudor de los
autónomos es la propia administración pública, por lo que los profesionales se
verán obligados a pagar tasas a aquel que le debe las facturas si optan por
reclamar judicialmente.
Utae, que representa a más de trescientas asociaciones con
más de 350.000 autónomos asociados, considera "injusta" la nueva ley
de tasas y subraya que su entrada en vigor "no hace otra cosa que agravar
las diferencias sociales ya existentes".
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