13/05/2010
Tras una reunión con el presidente de la comunidad autónoma, Marcelino Iglesias, UGT y CC.OO. han anunciado protestas contra las medidas anunciadas por Zapatero, mientras que la CREA y la CEPYME pedían "muchas más".
Los sindicatos aragoneses han criticado duramente hoy las medidas del ajuste económico para contener el déficit y han anunciado importantes movilizaciones, mientras que los empresarios han señalado que deberían de haberse tomado antes y, en cualquier caso, han pedido que se pongan en marcha "muchas más".
Así lo han explicado a los medios de comunicación después de reunirse en la sede del Ejecutivo autonómico con el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, quien ha convocado a los presidentes de CREA y CEPYME y los secretarios generales de UGT y CCOO para explicarles las medidas del plan de ajuste anunciadas por el presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero.
En la reunión han estado presentes, por parte del Gobierno aragonés, el vicepresidente José Ángel Biel y el consejero de Economía, Alberto Larraz, pero ningún miembro del Ejecutivo autonómico ha comparecido después ante los medios de comunicación.
Tanto los sindicatos como la patronal aragonesa han coincidido en señalar que las medidas relacionadas con el recorte de la inversión pública "contraerán" o "enfriarán" más la economía y contribuirán a incrementar el desempleo, porque supondrá un "grave problema" para muchas pequeñas y medianas empresas y autónomos que hacen trabajos para la administración.
Para los representantes empresariales estas medidas de contención del gasto, aunque son "duras", llegan tarde y exigen "otras" que no han precisado, mientras que para los sindicatos son una "regresión" y suponen una ruptura del acuerdo firmado en el ámbito de la función pública que establecía una importante contención salarial.
Por UGT, Julián Lóriz ha dicho que los sindicatos, en el contexto nacional y siempre bajo la premisa de la unidad, no descartan "ningún tipo de acción" y seguramente al final del día, una vez que concluyan las reuniones convocadas en Madrid, habrá una convocatoria de huelga en la función pública, que con probabilidad se trasladará, más adelante, al conjunto de la sociedad, con la convocatoria de una huelga general.
Pero centrar el debate en el asunto de los funcionarios es "tremendamente reduccionista", ha dicho el secretario general de CCOO, Julián Buey, porque las medidas anunciadas por Zapatero repercuten "por igual" en todos los ciudadanos, al referirse al nivel de inversiones públicas, a las pensiones, a los dependientes o a las prejubilaciones.
Muchos funcionarios, además, son mileuristas y la tasa de temporalidad llega al 30 por ciento en la función pública, han dicho ambos líderes sindicales, mientras que Lóriz ha recordado que aparte de apoyar que los funcionarios se movilicen contra "su patrono", que es la Administración, las centrales sindicales probablemente convocarán una movilización general por "el ataque frontal y brutal a los servicios sociales".
En todo caso, los sindicatos van a agotar "todas las vías de negociación" para intentar evitar que las medidas se pongan en marcha porque, según Loriz, son "unidireccionales" y "no armónicas" y cargan sobre los "colectivos más desfavorecidos" o sobre los que la sociedad recibe una imagen demagógica, como los funcionarios.
Buey ha incidido en que son "inasumibles para el movimiento sindical", atacan a la "parte más débil de la sociedad" y rompen los acuerdos finados con los sindicatos de la función pública, en el que ya se pactaban una importante moderación salarial.
Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios (CREA), Jesús Morte, ha reconocido que las medidas no sirven para impulsar el desarrollo económico, sino para evitar "el descalabro" del déficit público, paso previo para asegurar el futuro crecimiento económico.
Morte entiende, ha dicho, que estas medidas van "por la buena senda", pero ha añadido que hacen falta "muchas más", al tiempo que ha reconocido que es necesaria una reforma del mercado laboral, negociación que los sindicatos creen que se va a ver afectada por el ajuste.
El esfuerzo que se pide a un sector "muy importante" es duro, ha reconocido el presidente de CEPYME, Aurelio López de Hita, pero ha recordado que este esfuerzo ya lo han hecho antes las pequeñas empresas y las empresas industriales, con el resultado de casi 100.000 parados.
Pero si las medidas se hubieran tomado antes, ha agregado, su cuantía, su daño y la alarma social que han generado habría sido menor, porque, utilizando un símil médico, habría sido como hacer "una cura", mientras que lo que hay que hacer ahora es "una transfusión".
Preguntados por la posibilidad de que quienes están en el origen de esta grave crisis económica, las entidades financieras, asuman parte de los sacrificios, Morte ha dicho que los bancos "no son el problema, sino la solución", y además de tener pagar sus deudas y de que padecen la misma crisis, son necesarios para contribuir a salir de esta situación.
No obstante, De Hita ha reconocido que el crédito "no llega" a las pymes y los autónomos y ha dicho que una gran parte del 20% de las empresas que han desaparecido o que tienen problemas es a consecuencia de la "asfixia crediticia".
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