27/05/2011
Cepyme Aragón denuncia que la demora en los pagos se ha llevado por delante 24.000 empresas en un año.
La demora en los pagos de 180 días o más está asfixiando económicamente a la mediana y la pequeña empresa. «La situación es cada día más grave. No se cumple la ley de la morosidad y además, al no haber crédito, los acreedores no obtienen préstamos que les permitan adelantar el pago de su deuda, con lo que las pymes se encuentran al borde del colapso», señaló Aurelio López de Hita, presidente de Cepyme Aragón, que ayer reunió al comité ejecutivo para denunciar públicamente que «la Administración es la primera que no cumple y que como no se corrija, las pymes van a seguir cayendo». De hecho, constató, en los últimos doce meses han desaparecido 24.000 empresas, la mayoría pymes, si bien reconoció que «las grandes también son víctimas del retraso en los pagos por parte de las administraciones».
Los mayores problemas de morosidad los sufren los subcontratistas de las grandes empresas y los proveedores de la Administración, explicó el máximo responsable de Cepyme Aragón. Las leyes están para cumplirlas y sin embargo, la de Morosidad, aprobada el año pasado y que establece que el sector público debe pagar en 50 días (en 30 a partir de 2013), no se está cumpliendo. «Ahora están pagando de media a 160 y 180 días, algo que triplica lo permitido» y en algunos casos en empresas particulares la demora del pago a proveedores llega incluso al año», destacó.
La sequía crediticia
El problema es gravísimo y lo complica todavía más la falta de crédito. «Antes existía la figura del 'endoso' que permitía a las entidades bancarias adelantar el pago de las certificaciones a cuenta de la Administración, pero con la crisis ha desaparecido», señaló López de Hita, quien, en calidad de vicepresidente nacional de Cepyme, pidió que se estableciera una línea de crédito ICO en este sentido, para adelantar las certificaciones de la Administración a las empresas», pero que de momento no ha obtenido respuesta.
Y lo peor de todo, a su juicio, es que «se sigue perdiendo tejido industrial y lo que se ha destruido en tres años puede costarnos mucho recuperarlo». Por eso, pidió a los responsables políticos que atajen esta sangría: «En las recientes elecciones se ha visto que el clamor pidiendo el cambio es unánime. Lo que hace falta es que las nuevas administraciones tomen medidas y que el cambio en el Gobierno central se produzca cuanto antes».
Asimismo, Cepyme criticó las «artimañas» que se utilizan para esquivar el cumplimiento de la ley de morosidad como «el sistema del 'confirming' para poder cobrar en el plazo que marca la ley, aunque el vencimiento sea muy superior (180 o más días) cargando los intereses a la cuenta de la pyme». Otros métodos más burdos como el contrato privado, en el que el contratista condiciona la realización del trabajo a pagarlo cuando quiera, también se emplea estrangulando cada vez más a las pymes. «Se quejan constantemente de la morosidad, pero no denuncian a la empresa para que no les corte los encargos», dijo López de Hita.
Un agujero de 28.630 millones
Si la administración pública, las empresas y los consumidores pagasen todas sus facturas, equivaldría a una inyección para la economía española de 28.630 millones de euros, una cifra más de cinco veces superior a la ayuda que España concederá a Portugal para que supere la amenaza de quiebra financiera. Esa es la principal conclusión del estudio Índice de Riesgo 2011 elaborado por la consultora sueca Itrium Justitia, que analiza la evolución de los impagos comerciales en 25 países europeos. Sus cálculos muestran, además, que las pérdidas por impagos siguen aumentando, cada vez a un ritmo más intenso. Las protagonizadas por empresas españolas, por ejemplo, se sitúan ya en el 2,7%, frente al 2,5% del año anterior.
El triple que en Europa
El informe denuncia, además, que la puesta en marcha de la llamada Ley de Morosidad no ha hecho disminuir ni un solo día los plazos de pago de las administraciones públicas y compañías privadas. En 2011, el período medio, incluidos los retrasos, ha aumentado hasta 106 días, desde los 103 que marcó en 2010. En Europa, la media escaló hasta la mitad, 53 días, frente a los 52 del año pasado.
La multinacional escandinava denuncia que la administración pública sigue pagando sus facturas en un «plazo real» de 153 días, el mismo que en 2010, mientras que las empresas han incrementado el suyo un día, hasta los 99. Por su parte, los datos europeos reflejan que los organismos públicos pagan en 65 días y las empresas en 56. Los datos en algunos países registran una diferencia de hasta 100 días respecto a lo que pasa en España.
La demora en los pagos de 180 días o más está asfixiando económicamente a la mediana y la pequeña empresa. «La situación es cada día más grave. No se cumple la ley de la morosidad y además, al no haber crédito, los acreedores no obtienen préstamos que les permitan adelantar el pago de su deuda, con lo que las pymes se encuentran al borde del colapso», señaló Aurelio López de Hita, presidente de Cepyme Aragón, que ayer reunió al comité ejecutivo para denunciar públicamente que «la Administración es la primera que no cumple y que como no se corrija, las pymes van a seguir cayendo». De hecho, constató, en los últimos doce meses han desaparecido 24.000 empresas, la mayoría pymes, si bien reconoció que «las grandes también son víctimas del retraso en los pagos por parte de las administraciones».
Los mayores problemas de morosidad los sufren los subcontratistas de las grandes empresas y los proveedores de la Administración, explicó el máximo responsable de Cepyme Aragón. Las leyes están para cumplirlas y sin embargo, la de Morosidad, aprobada el año pasado y que establece que el sector público debe pagar en 50 días (en 30 a partir de 2013), no se está cumpliendo. «Ahora están pagando de media a 160 y 180 días, algo que triplica lo permitido» y en algunos casos en empresas particulares la demora del pago a proveedores llega incluso al año», destacó.
La sequía crediticia
El problema es gravísimo y lo complica todavía más la falta de crédito. «Antes existía la figura del 'endoso' que permitía a las entidades bancarias adelantar el pago de las certificaciones a cuenta de la Administración, pero con la crisis ha desaparecido», señaló López de Hita, quien, en calidad de vicepresidente nacional de Cepyme, pidió que se estableciera una línea de crédito ICO en este sentido, para adelantar las certificaciones de la Administración a las empresas», pero que de momento no ha obtenido respuesta.
Y lo peor de todo, a su juicio, es que «se sigue perdiendo tejido industrial y lo que se ha destruido en tres años puede costarnos mucho recuperarlo». Por eso, pidió a los responsables políticos que atajen esta sangría: «En las recientes elecciones se ha visto que el clamor pidiendo el cambio es unánime. Lo que hace falta es que las nuevas administraciones tomen medidas y que el cambio en el Gobierno central se produzca cuanto antes».
Asimismo, Cepyme criticó las «artimañas» que se utilizan para esquivar el cumplimiento de la ley de morosidad como «el sistema del 'confirming' para poder cobrar en el plazo que marca la ley, aunque el vencimiento sea muy superior (180 o más días) cargando los intereses a la cuenta de la pyme». Otros métodos más burdos como el contrato privado, en el que el contratista condiciona la realización del trabajo a pagarlo cuando quiera, también se emplea estrangulando cada vez más a las pymes. «Se quejan constantemente de la morosidad, pero no denuncian a la empresa para que no les corte los encargos», dijo López de Hita.
Un agujero de 28.630 millones
Si la administración pública, las empresas y los consumidores pagasen todas sus facturas, equivaldría a una inyección para la economía española de 28.630 millones de euros, una cifra más de cinco veces superior a la ayuda que España concederá a Portugal para que supere la amenaza de quiebra financiera. Esa es la principal conclusión del estudio Índice de Riesgo 2011 elaborado por la consultora sueca Itrium Justitia, que analiza la evolución de los impagos comerciales en 25 países europeos. Sus cálculos muestran, además, que las pérdidas por impagos siguen aumentando, cada vez a un ritmo más intenso. Las protagonizadas por empresas españolas, por ejemplo, se sitúan ya en el 2,7%, frente al 2,5% del año anterior.
El triple que en Europa
El informe denuncia, además, que la puesta en marcha de la llamada Ley de Morosidad no ha hecho disminuir ni un solo día los plazos de pago de las administraciones públicas y compañías privadas. En 2011, el período medio, incluidos los retrasos, ha aumentado hasta 106 días, desde los 103 que marcó en 2010. En Europa, la media escaló hasta la mitad, 53 días, frente a los 52 del año pasado.
La multinacional escandinava denuncia que la administración pública sigue pagando sus facturas en un «plazo real» de 153 días, el mismo que en 2010, mientras que las empresas han incrementado el suyo un día, hasta los 99. Por su parte, los datos europeos reflejan que los organismos públicos pagan en 65 días y las empresas en 56. Los datos en algunos países registran una diferencia de hasta 100 días respecto a lo que pasa en España.
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