Heraldo de Argón
13/02/2009
La organización aragonesa pide que realicen los abonos pendientes en un plazo máximo de 30 días para evitar el "enorme" endeudamiento de las pymes
Entre 180 y 210 días tienen que esperar las pequeñas y medianas empresas para cobrar los trabajos que realizan cuando han sido contratados por las administraciones. Esta espera, junto con los problemas de restricción del crédito que ha traído consigo la crisis, está suponiendo la asfixia económica de numerosas pymes, "no solo porque tienen que asumir la propia financiación de la obra del cliente, sino también, y mucho más importante, por el riesgo permanente de cierre de la empresa y el despido de trabajadores", explicaron ayer desde la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa (Cepyme-Aragón).
Ante esta situación, Cepyme- Aragón, junto con sus asociados Aexar (Asociación de excavadores de Aragón) y Fieco (Federación de industrias y empresas de la construcción de Zaragoza) ha enviado una carta a los ayuntamientos de la comunidad en la que solicitan que los pagos se realicen en un plazo máximo de 30 días naturales. Cepyme recuerda en dicha misiva que así se establece en el artículo 9 del Real Decreto Ley 9/2008 que regula la puesta en marcha y desarrolo del Fondo Estatal de Inversión Local.
Dicho artículo, recordaron desde la organización empresarial que preside Aurelio López de Hita, refleja lo establecido en la ley de contratos del sector público y la ley de lucha contra la morosidad. Es además, una reivindicación que tanto Aexar y Fieco lleva planteando desde hace décadas "por las perniciosas consecuencias" que para todos los subcontratistas de obras públicas y privadas que se ejecutan en Aragón "tiene los plazos de pago a los que se ven obligados a trabajar, debido a su manifiesta situación de inferioridad para negociar unas condiciones más favorables con sus contratistas", insistieron desde Cepyme.
La organización empresarial cree "imprescindible", y así lo exige, conseguir el fin efectivo de la norma que, como recuerda, es "reimpulsar la activida económica y fortalecer el empleo".
13/02/2009
La organización aragonesa pide que realicen los abonos pendientes en un plazo máximo de 30 días para evitar el "enorme" endeudamiento de las pymes
Entre 180 y 210 días tienen que esperar las pequeñas y medianas empresas para cobrar los trabajos que realizan cuando han sido contratados por las administraciones. Esta espera, junto con los problemas de restricción del crédito que ha traído consigo la crisis, está suponiendo la asfixia económica de numerosas pymes, "no solo porque tienen que asumir la propia financiación de la obra del cliente, sino también, y mucho más importante, por el riesgo permanente de cierre de la empresa y el despido de trabajadores", explicaron ayer desde la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa (Cepyme-Aragón).
Ante esta situación, Cepyme- Aragón, junto con sus asociados Aexar (Asociación de excavadores de Aragón) y Fieco (Federación de industrias y empresas de la construcción de Zaragoza) ha enviado una carta a los ayuntamientos de la comunidad en la que solicitan que los pagos se realicen en un plazo máximo de 30 días naturales. Cepyme recuerda en dicha misiva que así se establece en el artículo 9 del Real Decreto Ley 9/2008 que regula la puesta en marcha y desarrolo del Fondo Estatal de Inversión Local.
Dicho artículo, recordaron desde la organización empresarial que preside Aurelio López de Hita, refleja lo establecido en la ley de contratos del sector público y la ley de lucha contra la morosidad. Es además, una reivindicación que tanto Aexar y Fieco lleva planteando desde hace décadas "por las perniciosas consecuencias" que para todos los subcontratistas de obras públicas y privadas que se ejecutan en Aragón "tiene los plazos de pago a los que se ven obligados a trabajar, debido a su manifiesta situación de inferioridad para negociar unas condiciones más favorables con sus contratistas", insistieron desde Cepyme.
La organización empresarial cree "imprescindible", y así lo exige, conseguir el fin efectivo de la norma que, como recuerda, es "reimpulsar la activida económica y fortalecer el empleo".
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