13/02/2009
La Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa (Cepyme-Aragón), junto a la Asociación de Excavadores de Aragón (Aexar) y la Federación de Industrias y Empresas de la Construcción de Zaragoza (Fieco), ha enviado una carta a los ayuntamientos para que paguen al subcontratista en el plazo de 30 días. En su carta, los empresarios se apoyan en el Real Decreto-Ley 9/2008, por el que se fija un tiempo máximo, al contratista, de 30 días para la aprobación de la factura emitida por el subcontratista.
Según Cepyme, si se da cumplimiento al decreto las empresas a las que adjudiquen obras, en virtud del Fondo Estatal de Inversión Local y el Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo, no sufrirán demoras en el cobro, evitando el endeudamiento de las empresas. El artículo 9 del Real Decreto-Ley 9/2008 recoge textualmente que "los contratistas deberán abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones cuya realización les hayan encomendado en el plazo máximo de treinta días naturales, computado desde la fecha de aprobación por el contratista principal de la factura emitida por el subcontratista o suministrador".
En la actualidad, los subcontratistas cobran sus trabajos a 180 y 210 días, lo que les obliga "no sólo la propia financiación de la obra a su cliente, sino que asumen el riesgo permanente del cierre de su empresa y el despido de los trabajadores que tiene empleados, a consecuencia de los impagados que tienen que soportar", denuncia Cepyme. Por ello, esta organización considera "imprescindible" la plena implicación de esta Administración para conseguir el fin efectivo que persigue la norma, es decir, "reimpulsar la actividad económica, y fortalecer el empleo".
Según Cepyme, si se da cumplimiento al decreto las empresas a las que adjudiquen obras, en virtud del Fondo Estatal de Inversión Local y el Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo, no sufrirán demoras en el cobro, evitando el endeudamiento de las empresas. El artículo 9 del Real Decreto-Ley 9/2008 recoge textualmente que "los contratistas deberán abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones cuya realización les hayan encomendado en el plazo máximo de treinta días naturales, computado desde la fecha de aprobación por el contratista principal de la factura emitida por el subcontratista o suministrador".
En la actualidad, los subcontratistas cobran sus trabajos a 180 y 210 días, lo que les obliga "no sólo la propia financiación de la obra a su cliente, sino que asumen el riesgo permanente del cierre de su empresa y el despido de los trabajadores que tiene empleados, a consecuencia de los impagados que tienen que soportar", denuncia Cepyme. Por ello, esta organización considera "imprescindible" la plena implicación de esta Administración para conseguir el fin efectivo que persigue la norma, es decir, "reimpulsar la actividad económica, y fortalecer el empleo".
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